En las calles la crisis se hace cada vez más notable: el número de los sin techo, las personas que piden dinero en el metro, y el número de cajeros rotos van todos en aumento. En vista de que el Estado ignora abiertamente las protestas –el Presidente mismo ha afirmado que la reforma está siendo “bien recibida” a pesar de haberse convocado una huelga general-, los esfuerzos de resistencia están tomando cada vez más el rumbo hacia la autogestión. En ella se encuentra la promesa de liberarnos de la dependencia del Estado, de los vaivenes del laissez-faire, y de las leyes laborales que nos ponen a merced de los contratantes sin protección alguna de nuestros derechos.
Según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de desempleo entre la población activa menor de 25 años es del 46%, y la del resto de la población (entre 25 y 74 años) es del 19,4%. En el 2011 se volvió a batir el récord anual de desahucios con 58.241 procedimientos, y el Presupuesto Estatal de este año incluye serios recortes sociales incluyendo los sectores de seguridad social y de educación (22%). Todo esto al mismo tiempo que la represión policial y la criminalización de actos políticos se está volviendo más severa.
El pasado mes de marzo se publicó la primera edición de ¡Rebelaos!, un periódico que reúne información sobre los diferentes proyectos de autogestión que se están llevando a cabo en España, los cuales engloban todos los sectores básicos de la sociedad: la educación, la sanidad, la vivienda, la provisión de alimentos y productos propios, y, en el caso de Cataluña, se incluye la creación de una moneda propia e independiente, como parte del proyecto de la Cooperativa Integral Catalana, el modelo del cual se está tratando de replicar en Madrid (CIMA) y en otros lugares.
Como bien describen en uno de sus artículos, se entiende que: “Solo desde la autogestión, el cooperativismo, y el soporte mutuo podemos revertir una situación que está llevando a la ruina a millones de personas”. Es bajo esta idea que se están creando huertos comunales, grupos de producción y consumo, bancos de conocimiento para la educación, bancos de resistencia para pagar multas relacionadas con las protestas, y centros sociales okupados para crear los espacios desde donde poder organizarnos, apoyarnos, y reflexionar de manera colectiva.
La okupación está tomando cada vez más protagonismo en el movimiento, fundamentalmente porque los proyectos de autogestión necesitan de un espacio donde poder llevarse a cabo, y, como es de esperar, la mayoría carecen de medios para disponer de un lugar propio. Es más, como bien señalan las estadísticas de los desahucios, más y más personas se están quedando sin medios suficientes para acceder siquiera a una vivienda propia legalmente, lo que hace que mayor parte de la población empiece a simpatizar con el discurso de la okupación que en España lleva décadas desarrollándose. Como tantos elementos de la lucha social, la okupación , el asamblearismo y la historia libertaria y de autogestión en España viene de mucho antes del 15 de Mayo del 2011, y muchos de sus protagonistas recibieron al 15M con escepticismo y cautela, dudando del carácter revolucionario de éste último que aún está siendo puesto a prueba.
La situación económica está empujando a más y más personas a entender con claridad de qué manera nuestro sistema está roto, lo cual, en un primer momento es una visión desesperanzadora, pero que lleva después, a una profunda concienciación que sirve de guía para los pasos hacia el empoderamiento social y la autonomía. “La acción de reclamar una vivienda digna requiere una profunda reflexión, para entender que aquello que es legítimo no se reclama, se toma”#. Para aquellas personas que quieren pero no tienen experiencia o conocimiento sobre la okupación se han creado oficinas de okupación en diferentes centros sociales, y publicado un manual disponible en la web (www.okupatutambien.net).
La fuerza del discurso de la okupación –utilizar lo abandonado para mejorarlo-, y la capacidad de empoderamiento, tanto individual -por practicar la autonomía-, como colectivo – al reforzar lazos de entendimiento y apoyo entre quienes lo llevan a cabo-, son reconocidos por el Estado, que responde con medidas de desalojo rápido y violento, con infiltraciones de policías secretas, y con la reproducción de un discurso que los etiquetan de violentos e irracionales. En respuesta a esto, se están reforzando redes de apoyo para reaccionar en casos de desalojos, de multas, y detenciones, relacionadas a la lucha social.
Un ejemplo de esto son los grupos de Stop Desahucios que se han creado barrialmente para responder a amenazas de desalojos coordinando apoyo legal y presencial –creando barreras en la entrada de las casas para que las personas no puedan ser desalojadas-. En el período de 30 días entre el 15 de febrero y el 15 de marzo, 17 de los 18 desahucios que se trataron de evitar fueron evitados aunque la mayoría de éstas resultaron en moratorias o daciones de pago, lo cual está lejos de eliminar la amenaza de un futuro desalojo#.
Durante la Semana de Lucha por el Derecho a la Vivienda (del 19 al 28 de marzo) en Madrid se tapiaron más de un centenar de cajeros de banco, se protestó con una oficina simbólica frente a la sede de IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid), y entrando en la aseguradora HCC Europe, lo que derivó en el encierro forzoso de los protestantes “ya que la empresa recluyó en el edificio a los cooperativistas estafados y a sus trabajadores”. También se okupó simbólicamente un inmueble en el barrio Lavapiés que sirvió como centro informativo y organizativo durante toda la semana#.
Más recientemente, el pasado miércoles 25 de abril, nueve líneas del metro de Madrid fueron paralizadas por un grupo de activistas que tiraron de las palancas de seguridad haciendo que se accionaran los frenos de emergencia. A través de un comunicado anónimo, se informó de que la acción se llevó a cabo como protesta en contra de la subida de la tarifa del metro que supone una media de un 11% de aumento del coste de un transporte elemental para el funcionamiento de la ciudad. “La protesta, perfectamente coordinada y sincronizada” se llevó a cabo cuando los trenes estaban parados, por lo que no se produjeron frenazos, sino que simplemente se impidió el movimiento de éstos durante unos diez minutos. A pesar de que la acción no resultara en daños materiales, y mucho menos, en heridos, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, “ha llegado a asegurar que la vida de los viajeros se ha puesto `en peligro´” y pide sentencias que podrían llegar a los cinco años de cárcel.
El viernes de ésa misma semana se realizó una concentración en la Puerta de Sol en solidaridad a las tres personas detenidas por el caso, que, en cuanto se pusieron a cantar lemas de apoyo, fueron multadas por manifestarse ilegalmente, ya que la convocatoria no había sido comunicada al Gobierno. Las multas que se impusieron pueden llegar a exceder los 6.000 euros, y representan el carácter represor que está teniendo el Gobierno frente al activismo. Una política que nos exige pedir permiso hasta para manifestar nuestra posición política. Estas prácticas están llevando a que muchas activistas, la mayoría no teniendo 6.000 euros ni mucho menos, se estén echando para atrás tratando de encontrar maneras anónimas de manifestar su posición. Precisamente lo que hicieron las involucradas en la acción del metro.