Comunidades Seguras = Vivir atemorizado

Aunque se anuncia como una manera de identificar y deportar a “indocumentados criminales”, la realidad es que la nueva política federal “Comunidades Seguras” es el verdadero peligro.

Un hombre vendía helados en las calles de Queens, Nueva York, sin una licencia de comerciante. Otro escupió en la acera. Luego fue el caso del hombre en Virginia que recogió un pedazo de leña en los predios de un bosque nacional; la mujer en Arizona que, mientras conducía, hizo un giro abierto hacia la derecha; y la pareja que pescaba sin licencia en Florida.

Muchas de estas personas ya se han ido porque la policía los arrestó debido a estas ofensas kafkaescas y después envió las huellas dactilares de los sospechosos para ser cotejadas en una base de datos de inmigración mediante referencia cruzada. Luego, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a estos hombres y mujeres, y los trasladó a centros de detención, donde algunos todavía siguen presos. Otros abordaron aviones con destinos muy lejanos de sus hogares

El 15 de mayo de 2012, el gobierno federal exigió la implementación de Comunidades Seguras—una política de inmigración que permite este tipo de ruta “de la calle a la deportación” altamente automatizado y pobremente investigado—en Nueva York, Massachusetts y otros estados renuentes a esta política. Aunque se anuncia como una manera de identificar y deportar a “indocumentados criminales”, la realidad es que Comunidades Seguras es el verdadero peligro. En lugar de deportar a los delincuentes violentos, ha resultado mayormente en el establecimiento de perfiles raciales, arrestos y deportaciones de cientos de miles de residentes por delitos menores e, incluso, inventados en ocasiones. Este problema no solo amenaza a los inmigrantes; el programa ya ha detenido a miles de ciudadanos estadounidenses y está ayudando a las autoridades federales a amasar una base de datos de vigilancia que nos afecta a todos.

Desde un punto de vista técnico, Comunidades Seguras es simplemente un sistema de remisión automatizada, como el mensaje automático de correo electrónico que recibes de tu jefe cuando está de vacaciones en agosto. Cuando se arresta a una persona, el precinto local toma las huellas dactilares del sospechoso y envía la información al Buró Federal de Investigaciones (FBI) para verificar en la base de datos criminales si esa persona ha sido arrestada anteriormente o si tiene órdenes de arresto pendientes. En virtud de Comunidades Seguras, el FBI envía la información de la persona al Departamento de Seguridad Nacional para verificar el estado de inmigración del sospechoso en la base de datos del ICE. Si el ICE determina que la persona es inadmisible, la agencia luego solicita que el precinto local mantenga a la persona bajo custodia hasta que el ICE la transfiera a un centro de detención.

“El efecto escalofriante de S-Comm [como se conoce comúnmente a Comunidades Seguras] es que todos se convierten en un agente de inmigración”, expresó Sin Yen Ling, abogada con los Defensores Públicos de Queens.

La invasión notable del programa en el gobierno federal es la razón por la cual los funcionarios electos en toda la nación—incluidos el alcalde de Chicago, Robert Emmanuel; el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo; y el jefe de la Policía de New Haven, Dean Esserman—han vociferado su oposición frente al programa. No ayuda el hecho de que el gobierno federal no asigna fondos ni reembolsa a las cárceles y a los precintos locales por los costos de detención de los arrestados. Más allá, los datos muestran que aquellos arrestados y deportados casi nunca han cometido un delito grave.

“Cuando analizas las estadísticas agregadas y ves la realidad de quién es deportao, te enteras—tal como lo reportó un comité de asesores expertos de la Universidad de Syracuse—que sólo un 14 por ciento de aquellos deportados por el ICE son acusados de conducta criminal”, escribió Robert M. Morgenthau, ex fiscal del distrito de Manhattan, en un artículo reciente para el Daily Beast en el cual acusa la política.

Según el Cónsul General mexicano, Carlos Sada, la realidad es aún peor: sólo un 8 por ciento de aquellos deportados presuntamente había cometido un delito violento. Sin embargo, el 92 por ciento restante a menudo aparece constreñido con grilletes, esposado y encadenado a la cintura durante su presencia en el tribunal de inmigración, como si quienes cometieron violaciones de tráfico fueran delincuentes violentos.

En los centros de detención, las mujeres a menudo luchan para recibir acceso a atención médica, como pruebas del Papanicolaou, mamografías y consejería postraumática, así como artículos de necesidad básica como toallas sanitarias femeninas.

 

Una prefecta de perfiles raciales

En la Ciudad de Nueva York, muchos ven la política como una tercera parte de la prefecta de arrestos basados en perfiles raciales—vigilancia de musulmanes, detención y registro, y S-Comm—que crea un sistema de ley y orden de doble moral basado la raza y etnia de una persona.

“La combinación de detención y registro con S-Comm crea [la Ley] SB 1070 en la Ciudad de Nueva York”, explicó Juan Carlos Ruiz, un ministro de la iglesia St. Jacobi en Brooklyn y un activista veterano de los derechos de los inmigrantes.

El sistema de detención y registro le da a los oficiales de la policía la autoridad de detener y rebuscar a cualquier persona que ellos elijan basándose en un reclamo de sospecha vagamente definido, lo cual es una forma caprichosa de mantener el orden cuyo prejuicio racial ha estado muy bien documentado cuya constitucionalidad ya ha sido cuestionada en corte. El pasado año, 80 por ciento de casi 700,000 personas detenidas eran negras o latinas. Al ser detenidas, un oficial de la policía puede inventar cualquier pretexto que justifique el arresto, y el acceso a los datos de inmigración de sospechoso está a un solo clic.

Otros no están convencidos de que Ray Kelly desplegará súbitamente a sus 35,000 soldados en una misión de búsqueda de las personas indocumentadas que viven en la ciudad. Sin embargo, para quienes ya han sido blancos de arresto del Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD), tales como la comunidad transgénero, y los jóvenes negros y morenos, S-Comm automáticamente completa el canal entre la calle y el centro de deportación. Y debido a que la base de datos tiene una tasa de error de un 1.6 por ciento, los ciudadanos estadounidenses también corren el riesgo. Según un estudio del Warren Institute on Law and Social Policy, más de 3,600 ciudadanos estadounidenses han sido detenidos en virtud de S-Comm en California solamente.

En la Ciudad de Nueva York, los abogados ya han visto un alza en las detenciones hechas por motivos de inmigración, a menudo tras hacer arrestos por actos como correr bicicleta en la acera, cargar un envase abierto o caminar entre vagones del metro. Desde el 15 de mayo de 2012, un promedio de 10 neoyorquinos han sido deportados todos los días.

 

Desde terroristas hasta delincuentes

Tal vez un motivo por el cual el programa ha fallado es que Comunidades Seguras no fue diseñado como una política para atrapar delincuentes. En su lugar, S-Comm emergió bajo la administración de Bush como uno de los muchos programas gubernamentales de espionaje, control policial y recopilación de información con fines antiterroristas. En el mundo después del 11-S, apenas se podía ir en contra de la divulgación y el procesamiento de información entre agencias gubernamentales, especialmente luego de que el Departamento de Seguridad Nacional tomara al ICE bajo sus alas en 2004.

Sin embargo, no hubo evidencia de que S-Comm fuera efectivo encontrando terroristas, y para 2008, cuando el presidente Obama fue electo, la opinión pública cambió. El antiterrorismo ya no era suficiente para justificar las deportaciones masivas y el estado de vigilancia orwelliano, en especial cuando el presidente era un liberal espabilado en lugar de un conservador que blande pistolas. S-Comm necesitaba un nuevo enemigo, un nuevo blanco. Entra el “indocumentado criminal”.

Simplemente estar en los Estados Unidos sin documentos legales nunca había sido un crimen. Sin embargo, para poder circunvalar los tribunales civiles de inmigración, los estados y el gobierno federal han aprovechado las leyes penales locales para convertir a los residentes indocumentados en criminales.

Este cambio se basa en la fundación de un complejo penal-industrial de 40 años que ha crecido hasta convertirse en el más grande del mundo.

La construcción del “criminal” como la identidad del marginado en los Estados Unidos data de principios de la guerra antidrogas en los ochenta. Después del movimiento de derechos civiles, ya no se toleraba la exclusión explícita de las personas basada en raza y etnia. En su lugar, Estados Unidos rescribió leyes penales para crear, y luego procesar los nuevos marginados. Los delitos menores anteriores relacionados con drogas se convirtieron en delitos graves. Las leyes obligatorias de sentencia mínima duplicaron y triplicaron los encarcelamientos. Las leyes de acumulación de delitos graves encarcelaron a miles y miles de “camellos”—las personas menos peligrosas y de menor pertinencia en el narcotráfico—de por vida.

Durante el transcurso, las nuevas leyes y su orden público de tendencia racial fueron un intento muy exitoso para criminalizar a los afroamericanos y latinos.

“El verdadero problema son los negros. La clave está en diseñar un sistema que reconoce esto sin que lo aparente”, explicó H.R. Haldeman, el jefe de estado del presidente Nixon.

Ahora, con el alza de Comunidades Seguras, el castigo por haber sido construido como un criminal no sólo es el encarcelamiento en el sistema penal más grande del mundo… es el exilio.

“Las políticas antidrogas injustas ahora son un factor mayor en la deportación”, expresó Mizue Aizeki, activista y fotógrafa que lleva años luchando contra Comunidades Seguras en la Ciudad de Nueva York. “¿Cómo hemos llegado a este punto donde eres convicto y de ninguna manera puedes luchar contra tu castigo del exilio?” Suspira. “Obama identifica algo que es políticamente agradable, pero opresivo de una manera disparatada”.

Dado el fracaso de Comunidades Seguras para lograr su misión, muchos se preguntan por qué el gobierno federal empuja tan agresivamente el programa a los estados y ciudades durante el año electoral, especialmente cuando amenaza con develar la hipocresía y las promesas incumplidas de la política de inmigración de Obama.

Los activistas ofrecen diversas respuestas. Primero está la cifra de deportación sin precedente de 400,000 personas bajo la administración Obama, tan alta que se necesita de todo menos atajos mecanizados. Segundo está la lucrativa industria privada de centros de detención en crecimiento, que fue una gran fuerza cabildera para las leyes antinmigrantes de Arizona. Una investigación reciente de NPR reveló, por ejemplo, que los ejecutivos de Corrections Corporation of America—la compañía privada de administración de cárceles más grande del país—han movilizado sus intereses hacia los centros de deportación como “su próximo gran mercado”.

Y luego está el hecho de que el gobierno está armando una base de datos masiva llamada “Identificación de Próxima Generación” (Next Generation Identification, NGI), y Comunidades Seguras es su programa piloto.

“En última instancia, la participación de las agencias de orden público es inevitable porque Comunidades Seguras es simplemente el primero de una serie de sistemas de interoperabilidad biométrica que la iniciativa ‘Identificación de Próxima Generación’ del Departamento de Información de Justicia Criminal (DSIJC) del FBI ha habilitado en línea”, escribió un guía interno del ICE.

La Identificación de Próxima Generación ahora permite que varias ramas del gobierno rastreen a los ciudadanos y residentes de EE. UU. mediante el reconocimiento facial, escaneos del iris, grabaciones de voz, y hasta información acerca de tatuajes, cicatrices y la extensión de las piernas al andar. El potencial de esta base de datos despierta inquietudes de los defensores de libertades civiles acerca de cómo y cuándo se utilizará este sistema de rastreo, especialmente después de que se publicara que el Departamento de Seguridad Nacional llevó a cabo una vigilancia masiva de campamentos pacíficos de Ocupa Wall Street el otoño pasado.

“Este es el primer paso respecto de recopilar, eliminar y consolidar información. Permite el aumento de la capacidad tecnológica para garantizar una tasa alta de identificación muy rápida de personas”, aseveró Ling. “Hay muchas personas, especialmente ciudadanos, que piensan que Comunidades Seguras es inofensivo. Pero el gobierno tiene un motivo mayor por el cual está recopilando estos datos”.

 

En contra de “lo inevitable”

Lamentablemente para las agencias federales, la participación completa con Comunidades Seguras no es inevitable.

En los pasados dos años, los partidarios de la Ley DREAM (Ley de fomento para el progreso, alivio y educación para menores extranjeros) y otros activistas de inmigración han llevado a cabo acciones directas en contra de Comunidades Seguras desde Charlotte hasta Phoenix y San Bernardino, en donde estudiantes indocumentados han bloqueado intersecciones y han provocado sus propios arrestos en miras de vencer a la máquina de deportación.

Una y otra vez, el ICE ha cedido ante la presión política y bajo el escrutinio intenso de los medios de comunicación, y ha dejado en libertad a los manifestantes.

“En Carolina del Norte, todos fueron citados a procedimientos judiciales de deportación”, dijo Mohammad Abdollahi de la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes. “Pero luego los oficiales del ICE vinieron a decirnos, ‘Esto nunca nos ha pasado en cinco años’, tomaron todo nuestro papeleo y lo rompieron en nuestra presencia”.

Las ciudades y los estados han tomado el mismo rumbo, y han aprobado reglamentos y ordenanzas que permiten a la policía local ignorar las detenciones del ICE. Recientemente, California aprobó la Ley de la Confianza, la cual requiere que las cárceles locales ignoren las solicitudes de detención del ICE y que, en su lugar, dejen en libertad a las personas que cometieron delitos menores y que no tienen antecedentes de condenas penales. Hace poco, el alcalde de Chicago, Robert Emmanuel, respaldó una ordenanza similar que dejaría en libertad a aquellos que no tienen condenas penales graves ni órdenes de arresto extraordinarias. El Consejo del Distrito de Columbia también pasó un reglamento similar.

En la Ciudad de Nueva York, algunos han propuesto la expansión de la limitada Ley de Detención del ICE, mejor conocida como el Proyecto de Ley de Rikers, como una posible manera de que la ciudad resista S-Comm. Actualmente, la ley estipula que la prisión Rikers Island no remitirá a ninguna persona al ICE siempre y cuando esta no haya cometido un delito grave o menor, no tenga pendiente ninguna orden de arresto extraordinaria, no forme parte de una pandilla, no tenga una orden final de deportación y no sea terrorista.

Sin embargo, algunos creen que, en última instancia, trazar una línea sobre quién es remitido y quién no divide a la comunidad e ignora el contexto mayor del complejo penal-industrial y de la criminalización masiva.

“Están tratando de decirnos, ‘Estamos usando este programa para identificar a los criminales’”, exclamó Aizeki. “[Lo que queremos decir es que] no perjudicaremos a un grupo de personas para propulsar la causa del otro grupo”.

“Se puede detener cualquier deportación siempre y cuando las personas se organicen”, añadió.

“Se trata de cambiar la narrativa acerca de lo que significa ser un buen inmigrante. Consideramos que todos son buenos inmigrantes”.

 

Este artículo fue publicado originalmente en inglés aquí.